viernes, 22 de marzo de 2013
La reforma a las telecomunicaciones (2)
Por: Octavio Islas
“El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de información veraz, plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”
Proyecto de decreto de reforma al artículo sexto constitucional
El pasado jueves 21, por 414 votos, 50 en contra y ocho abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, que cambia y adiciona diversas disposiciones contenidas en los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pueden ser consultados en el sitio web de la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/mar/20130321-III.pdf
El dictamen fue aprobado en lo general, con 18 reservas que introducen algunas modificaciones en la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahora al Senado procederá a analizar y discutir la reforma.
Con la reforma se admite hasta ciento por ciento de inversión extranjera en el sector telecomunicaciones y de comunicación vía satélite, pero se limita a 49 por ciento esa proporción en el área de radiodifusión. Algunos legisladores del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano señalaron que ello es “una traición a la patria”. En respuesta la diputada Purificación Carpinteyro (PRD), secretaria de la Comisión de Comunicaciones destacó que en todos los países de América Latina se permite la inversión extranjera total: “esa es la verdad, no argumentos demagogos de que estamos regalando la patria”.
Uno de los aspectos más relevantes en la reforma radica en garantizar el derecho constitucional de acceso a la banda ancha e Internet a todos los mexicanos. Uno de los objetivos de la política de inclusión digital es que al menos 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresas del país tengan acceso a la descarga de información con la velocidad promedio registrada entre las naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
En el apartado “Consideraciones” en el documento 3733-III de la Gaceta Parlamentaria es posible advertir graves señalamientos a la conducta empresarial observada por Telmex:
“en el sector telefónico móvil, México está en el quinto lugar en número total de suscriptores, pero en el 33º de los 34 miembros de la OCDE, en suscripciones por cada 100 habitantes. En el mercado de banda ancha, México ocupó el décimo lugar en el total de suscripciones , y el 34º en suscriptores por cada 100 habitantes, al final de 2009. En el número total de líneas fijas, México ocupa el octavo lugar de la OCDE, pero el 34º en líneas fijas por cada 100 habitantes (...) Los servicios de banda ancha son muy caros en México y las velocidades ofrecidas son muy lentas en comparación con el promedio de la OCDE (…) Los precios de la telefonía fija en México, aún son de los más caros entre los países de la OCDE (…) Los precios de las comunicaciones móviles, son más acordes a los de los países de la OCDE y mejoraron en los últimos años, pero superan al promedio de la OCDE en todos los casos, salvo en el prepago de bajo uso y la canasta de 900 llamadas (…) es importante considerar que en nuestro país cada segmento del mercado (redes fijas, telefonía móvil, televisión abierta, televisión de paga y banda ancha) está dominado por una sola empresa, existiendo una diferencia significativa en la participación de mercado entre el operador dominante y su competidor más cercano”.
En no pocas ocasiones Carlos Slim y voceros de Telmex sencillamente se limitaron a refutar los datos de la OCDE. Mediante determinados programas de responsabilidad social empresarial y la organización de eventos como Aldea Digital, se pretendió “lavar la deteriorada imagen de Telmex ante amplios sectores de la sociedad”. Finalmente, ello no fue suficiente.
Si bien los diputados federales han señalado que las reformas no tienen como destinatario a Teléfonos de México (Telmex), en tribuna el diputado Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales declaró que el territorio nacional “no es propiedad de una empresa telefónica”.
Quizá para atenuar las declaraciones del diputado Moreno, la diputada Carpinteyro afirmó sobre la reforma: “no va en contra de nadie, no tiene ni nombre ni apellido”, resolverá ·en forma infinitamente mejor que el dejar hacer de los gobiernos pasados, que con tal de no enfrentarse con los grupos hegemónicos y de ganar su apoyo en las elecciones” incluso les otorgaron más beneficios.
martes, 19 de marzo de 2013
La Reforma para las Telecomunicaciones
Por: Octavio Islas
El 2 de diciembre de 2012, con la firma del Pacto por México, en el numeral 2 de los “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, se asumieron los siguientes compromisos: extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos, fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador, reforzar autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones, agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos, Competencia en radio y televisión, competencia en telefonía y servicios de datos, adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.
El lunes 11 del mes en curso el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Reforma para las Telecomunicaciones, la cual modificará el marco legal y de aplicación regulatoria para el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. En el documento en cuestión atinadamente se afirma que las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones “se han convertido en un instrumento básico de las democracias” (...) “En el presente siglo la prosperidad de las naciones reside en su capacidad de insertarse exitosamente en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En tal contexto, es evidente que un desarrollo competitivo de las telecomunicaciones y la radiodifusión constituye el principal habilitador de esta nueva prosperidad. Además, fortalece el combate contra la desigualdad y la exclusión y constituye la herramienta esencial para hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a recibirla y difundirla”.
Tras doce años de irresponsable autismo en la definición de políticas públicas en materia de telecomunicaciones –principal causa de la elevada “litigiosidad” mostrada por los principales jugadores en el sector, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha comprendido cuan grave resulta que la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión estén por debajo de la capacidad competitiva de México. La elevada concentración del mercado es causa de delicadas brechas, destacando la relativa al “acceso a la infraestructura de banda ancha, que se expresa en un inadecuado despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional, en beneficio, no sólo de la población urbana de mayores recursos, sino también de los numerosos mexicanos que viven en comunidades remotas y de menores ingresos”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la penetración de telefonía fija –afirma el presidente de la República en el citado documento- se ubicó entre las más bajas de los países de dicha organización internacional, incluso debajo de Argentina, Brasil y Chile. Vale la pena destacar que en esta ocasión Carlos Slim decidió no refutar los datos que maneja la OCDE, citados por el presidente de la República, quien además destacó: “en 2012, la penetración de la banda ancha fija alámbrica de México fue de 11.4 suscripciones por cada 100 habitantes, menos de la mitad del promedio observado entre los países miembros, mientras que la penetración de banda ancha móvil fue 83 por ciento menor”.
Las actuales condiciones efectivamente resultan adversas para el desarrollo de México en el imaginario de la “economía del conocimiento”: la creciente demanda del comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de video sobre demanda, entre otros, requieren poner especial énfasis en el fomento del despliegue de infraestructura de banda ancha robusta y de alta capacidad”.
Si el lucro no hubiese sido el principal motivo de los “barones de la democracia” (Manuel Buendía) en las industrias de la telefonía, la radiodifusión, la televisión y, en general, servicios convergentes, la Iniciativa de Reforma para las Telecomunicaciones resultaría innecesaria. Desafortunadamente no fue así. “Una de las principales razones que sustentan la presente iniciativa es lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, ya que las tecnologías de la información y la comunicación representan una herramienta que facilita el acceso de los mexicanos en la sociedad de la información y el conocimiento, con sus consecuentes beneficios en el incremento de la producción, el emprendimiento y la inclusión social, reduciendo la brecha digital”.
Posdata
Tras doce años de deliberado autismo en la materia, en poco más de 100 días el gobierno ha recuperado el rumbo en materia de telecomunicaciones. Inclusive la AMEDI y el senador Javier Corral (PAN) lo celebran. En las acciones de gobierno efectivamente inteligentes suelen incluirse generosos opositores.
El 2 de diciembre de 2012, con la firma del Pacto por México, en el numeral 2 de los “Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad”, se asumieron los siguientes compromisos: extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos, fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), creación de tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial, derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador, reforzar autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), desarrollar una robusta red troncal del telecomunicaciones, agenda digital y acceso a banda ancha en edificios públicos, Competencia en radio y televisión, competencia en telefonía y servicios de datos, adopción de medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos.
El lunes 11 del mes en curso el presidente Enrique Peña Nieto presentó la iniciativa de Reforma para las Telecomunicaciones, la cual modificará el marco legal y de aplicación regulatoria para el sector convergente de las telecomunicaciones y radiodifusión en México. En el documento en cuestión atinadamente se afirma que las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones “se han convertido en un instrumento básico de las democracias” (...) “En el presente siglo la prosperidad de las naciones reside en su capacidad de insertarse exitosamente en la Sociedad de la Información y el Conocimiento. En tal contexto, es evidente que un desarrollo competitivo de las telecomunicaciones y la radiodifusión constituye el principal habilitador de esta nueva prosperidad. Además, fortalece el combate contra la desigualdad y la exclusión y constituye la herramienta esencial para hacer efectivos los derechos fundamentales de acceso a información veraz, plural y oportuna, así como a recibirla y difundirla”.
Tras doce años de irresponsable autismo en la definición de políticas públicas en materia de telecomunicaciones –principal causa de la elevada “litigiosidad” mostrada por los principales jugadores en el sector, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha comprendido cuan grave resulta que la industria de las telecomunicaciones y la radiodifusión estén por debajo de la capacidad competitiva de México. La elevada concentración del mercado es causa de delicadas brechas, destacando la relativa al “acceso a la infraestructura de banda ancha, que se expresa en un inadecuado despliegue de redes avanzadas por todo el territorio nacional, en beneficio, no sólo de la población urbana de mayores recursos, sino también de los numerosos mexicanos que viven en comunidades remotas y de menores ingresos”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la penetración de telefonía fija –afirma el presidente de la República en el citado documento- se ubicó entre las más bajas de los países de dicha organización internacional, incluso debajo de Argentina, Brasil y Chile. Vale la pena destacar que en esta ocasión Carlos Slim decidió no refutar los datos que maneja la OCDE, citados por el presidente de la República, quien además destacó: “en 2012, la penetración de la banda ancha fija alámbrica de México fue de 11.4 suscripciones por cada 100 habitantes, menos de la mitad del promedio observado entre los países miembros, mientras que la penetración de banda ancha móvil fue 83 por ciento menor”.
Las actuales condiciones efectivamente resultan adversas para el desarrollo de México en el imaginario de la “economía del conocimiento”: la creciente demanda del comercio electrónico, las redes sociales, los servicios de video sobre demanda, entre otros, requieren poner especial énfasis en el fomento del despliegue de infraestructura de banda ancha robusta y de alta capacidad”.
Si el lucro no hubiese sido el principal motivo de los “barones de la democracia” (Manuel Buendía) en las industrias de la telefonía, la radiodifusión, la televisión y, en general, servicios convergentes, la Iniciativa de Reforma para las Telecomunicaciones resultaría innecesaria. Desafortunadamente no fue así. “Una de las principales razones que sustentan la presente iniciativa es lograr la reducción de los costos de los servicios de telecomunicaciones para la sociedad mexicana, ya que las tecnologías de la información y la comunicación representan una herramienta que facilita el acceso de los mexicanos en la sociedad de la información y el conocimiento, con sus consecuentes beneficios en el incremento de la producción, el emprendimiento y la inclusión social, reduciendo la brecha digital”.
Posdata
Tras doce años de deliberado autismo en la materia, en poco más de 100 días el gobierno ha recuperado el rumbo en materia de telecomunicaciones. Inclusive la AMEDI y el senador Javier Corral (PAN) lo celebran. En las acciones de gobierno efectivamente inteligentes suelen incluirse generosos opositores.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)