El 30 de noviembre de 2011, Michael Rogers, congresista por el Partido Republicano en el estado de Michigan, presentó en la el proyecto de ley Cyber Intelligence Sharing and Protection Act (CISPA), conocido también como HR 3523.
Entre las iniciativas de ley que antecedieron a CISPA destacan la Combating Online Onfringment and Counterfeits Act (COICA), iniciativa que fue rechazada en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en 2010; la Protect IP Act –Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act- también conocida como PIPA, iniciativa que presentó el senador Patrick Leahy al congreso estadounidense el 12 de mayo de 2011; y la Stop Online Piracy Act –SOPA-, también conocida como Ley HR 3261, iniciativa que presentó el representante Lamar Smith a la Cámara de Representantes el 26 de octubre de 2011.
Además debemos tener presente la Anti-Counterfeiting Trade Agreement –ACTA-, acuerdo multilateral que ya han suscrito varios países. ACTA obliga a los proveedores de acceso a Internet, a proporcionar toda aquella información de sus clientes que les sea solicitada por las autoridades.
A finales del mes de enero, los 22 países miembros de la Unión Europea, firmaron en Japón el Acuerdo Comercial contra la Falsificación, el cual limitará el acceso a Internet a los usuarios que descarguen contenidos que tengan derechos de propiedad de un tercero, después de dos advertencias.
Los argumentos más utilizados para justificar la pertinencia de las citadas iniciativas de ley descansan la necesidad de combatir en Internet el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados. Entre los principales impulsores de las referidas iniciativas destacan algunas de las firmas más emblemáticas de Hollywood, la radio y la televisión, industrias que no han conseguido adaptarse a las nuevas reglas de competencia en mercados emergentes de la economía del conocimiento.
Los impulsores de la iniciativa CISPA justifican la iniciativa al amparo de la “ciberseguridad” de Estados Unidos. De acuerdo con la Electronic Frontier Foundation (EFF): “con CISPA se crea una ciberseguridad que pasaría por encima de cualquier ley existente sobre el mapa digital. No existirían restricciones sobre lo que pueden recopilar y cómo utilizaran esa información siempre y cuando las entidades afirmen estar motivadas por los efectos de la ciberseguridad”.
Las referidas iniciativas, además de limitar la libertad de expresión en Internet, facultan a los gobiernos a realizar objetables tareas de espionaje en las comunicaciones privadas de los usuarios. Para las prácticas de panoptismo digital de los gobiernos obstinados en erigirse en “Big Brother”, los ISP realizarían el trabajo sucio: -las tareas de espionaje asignadas a la “policía del pensamiento” orweliano-. En Rusia, por ejemplo, los proveedores de acceso a Internet ya realizan tareas de “vigilancia” y “supervisión de contenidos”.
En días recientes, en el Reino Unido el Ministerio del Interior dio a conocer una nueva legislación para asegurar la vigilancia policial generalizada de los mensajes en correo electrónico, las comunicaciones en las redes sociales y las llamadas telefónicas.
En respuesta a tal iniciativa, Tim Berners Lee, creador de la World Wide Web, en una entrevista concedida al diario The Guardian el pasado miércoles, afirmó que las polémicas propuestas que autorizan que agencias de inteligencia monotoricen el uso de Internet y la comunicación de residentes británicos por medios digitales derivarían en la destrucción de los derechos humanos y pondrían a los ciudadanos en una posición vulnerable.
En México se han presentado algunas iniciativas que podrían derivar en propósitos similares, destacando el Canon Digital y Ley de los 3 avisos –también conocida como 3 strikes-, presentada desde la bancada priista en la Cámara de Diputados por Armando Jesús Báez Pinal; la llamada “Ley Döring” –iniciativa del senador panista Federico Döring-, así como la reciente iniciativa que presentó Rodrigo Pérez Alonso, presidente de la Comisión Especial de Acceso Digital, diputado del Partido Verde Ecologista de México.
Debemos estar muy pendientes. Las iniciativas de políticos ignorantes pueden resultar más dañinas aún que las prácticas de políticos corruptos.
