El pasado 11 de julio,
el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de Claude Heller,
embajador de México en Japón, decidió firmar la Anti-Counterfeiting Trade Agreement (en
castellano: Acuerdo para la lucha contra la falsificación de comercio o ACTA,
por sus iniciales en inglés), que es un tratado comercial plurilateral de
adhesión optativa, impulsado por los gobiernos de Estados Unidos y Japón, en
respuesta al incremento de los bienes falsificados y obras protegidas con
derechos de copyright, reproducidas
ilegalmente en el mercado global. En años recientes,
con gran secrecía algunos gobiernos han venido participando en las
negociaciones de ACTA.
El presidente Calderón desafortunadamente no tomó en consideración
las recomendaciones del Senado de la República, el cual, después de celebrar
algunas sesiones públicas en las que participaron expertos y ciudadanos
interesados en el tema, recomendó no firmar ACTA por considerarla contraria a algunas
libertades individuales, así como a las inversiones y la innovación en Internet.
ACTA es una de las
iniciativas de ley que al amparo de impedir la circulación en el mercado local,
a través de Internet, de bienes falsificados y obras protegidas con derechos de copyright, establece preocupantes
limitaciones al ejercicio de determinadas libertades individuales de las
personas. Además
de México han firmado ACTA los gobiernos de Australia, Canadá, Corea, Estados
Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, y Singapur. En días recientes la Unión
Europea en bloque determinó rechazar ACTA por considerarla “ambigua” y
contraria al pleno ejercicio de las libertades individuales.
Otras iniciativas de ley que persiguen similares propósitos son:
la Combating Online Infrigement and
Counterfeits Act (en castellano: Iniciativa para el combate contra la
violación en línea y la falsificación, COICA, por las iniciales en inglés), la
cual fue discutida en Estados Unidos en 2010, y finalmente no fue aprobada.
La Stop Online Piracy Act
(SOPA, por sus siglas en inglés), proyecto de ley que el legislador republicano
Lamar S. Smith presentó a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 26
de octubre de 2011, y que comprende la posibilidad de extender una orden
judicial para bloquear la publicidad y las redes de pago que proveen los
ingresos y ganancias del sitio infractor, y el bloqueo de los resultados que
conducen al sitio a través de los motores de búsqueda, y por supuesto,
reclusión a infractores.
La Protect IP Act (Preventing Real Online Threats to Economic
Creativity and Theft of Intellectual Property Act. (PIPA por sus iniciales
en inglés), proyecto de ley introducido el 12 de mayo de 2011 por el senador
demócrata Patrick Leahy y un grupo bipartito de 11 promotores. La referida
iniciativa de ley ha sido considerada como una versión reeditada del proyecto Combating Online Infrigement and
Counterfeits Act.
En respuesta a SOPA, el pasado 18 de enero, la edición en inglés
de Wikipedia y más de 7,000 sitios web coordinaron la suspensión temporal de
sus servicios informativos, y enlaces a páginas que explicaban las posibles
consecuencias de iniciativas de ley como SOPA y PIPA. Además algunos
legislatores opositores a la referida iniciativa de ley han propuesto un
proyecto alternativo denominado OPEN (Online
Protection and Enforcement of Digital Trade Act –en castellano: Acta de
Protección en Línea y Refuerzo del Comercio Digital.
Las referidas iniciativas de ley definitivamente responden a los
intereses de algunos de los principales sectores y empresas afectadas por el
formidable desarrollo de la economía del conocimiento. Los promotores de ACTA justifican
la iniciativa de ley argumentando que ésta responde a la necesidad de proteger
la propiedad intelectual en Internet y combatir el tráfico de contenidos
protegidos por derechos de autor y propiedad intelectual.
El peligro de las citadas
iniciativas radica en la posibilidad de asfixiar a Internet en su totalidad.
Ello solo conviene a los intereses particulares de algunas de las empresas
emblemáticas de los mercados que precedieron a la Economía del Conocimiento, y
que definitivamente no consiguieron transitar a ésta, Kodak, por ejemplo, que
se declaró en quiebra el jueves 19 de enero, pero a este caso pueden sumarse
otros, como Blockbuster, Borders y Tower Records que también se han acogido al
capítulo 11 de protección de quiebra en los Estados Unidos.
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